Violencia de Carabineros: o una inminente negación del Estado de Derecho

Por Claudio Oyarzún

Resulta evidente que nadie puede agredir a funcionarios de Carabineros, pero si una institución del Estado que cuenta físicamente con protección y armamento responde a una agresión con una cuota mucho mayor de ésta, se pierden los límites en que nos debemos mover como sociedad, y por tanto estamos en presencia –por decirlo de una manera gráfica- ante una institución que detenta el monopolio de la fuerza. Es significativamente grave –por ejemplo- la brutal agresión ocurrida a una persona de la tercera edad el día ocho de marzo en las cercanías de la llamada Plaza de la Dignidad por parte de funcionarios de Carabineros. Y tan grave y violento como eso es la interposición de una querella en contra del afectado por parte de la Intendencia Metropolitana apelando a la recientemente estrenada y cuestionada Ley Antibarricadas promovida desde La Moneda. Un civil agredido y querellado y los agresores sumergidos en una inocencia que pone en jaque al propio Ministro del Interior Gonzalo Blumel, que no termina de aclarar quién dirige esta desafinada orquesta e hipotecando torpemente el escaso manejo del actual gobierno en situaciones de crisis, delegando finalmente la responsabilidad en el General Director de Carabineros, que desde el inicio del estallido social, no sólo no ha asumido ninguna responsabilidad en la infinidad de torturas, abusos sexuales y sicológicos que han sido constatadas por diversas instituciones nacionales e internacionales sino que ha defendido a sus tropas haciendo gala de un desvergonzado negacionismo, poniendo aún más en riesgo un sistema democrático que ni la primera autoridad de la nación pareciera estar dispuesta a respetar.